La solicitud de los estudiantes Chilenos a que el Estado garantice la Educación Universal gratuita es como viajar de una isla a otra, sin encontrar tierra de por medio donde solazarse. La gratuidad convierte el precio de un bien en 0, pero no así los costos. En algún punto de la economía, alguien tiene que invertir recursos (trabajo, capital, activos fijos, Mano de Obra) para producir algo, y como la Educación forma parte de los bienes que produce la economía, no es la excepción. El grupo estudiantil aspira y espera que dichos costos sean pagados enteramente por el Estado, y de esta forma, cada estudiante podría accesar a todas las fases de la educación sin la barrera del pago de matrícula. La mayoría de colegios y universidades en Chile son privados, y por ello, se entiende el malestar que suscita las protestas. Pero no pueden eludir el hecho de que alguien debe pagar por el alto nivel de educación y prestigio que brindan las instituciones chilenas. Su toma de decisiones se basa en determinar quién la va a pagar, no si se va a pagar. En sus comunicados sugieren que el Estado asuma todo el peso, librando a los estudiantes (o a sus padres) de tener que cargar con el precio del bien que están consumiendo. Sin embargo, el Gobierno Chileno conoce exactamente las consecuencias de recibir las facturas universitarias, y por ello, se ha mantenido en su posición a pesar de las fuertes manifestaciones que enfrenta.
Un aumento del Gasto Publico tiene que verse acompañado por un aumento en los ingresos públicos; en momentos de crisis económicas generalizadas, luce poco probable que el Gobierno pueda incrementar sus ingresos, que provienen en gran parte de sus exportaciones. Por ende, Piñera tendría que buscar financiamiento solo para poder mantener el status quo; uno de grandes magnitudes, y realizar un plan de subsidio masivo, en el cual cada una de las universidades emitan una factura a nombre del Estado por cada uno de los estudiantes.
El problema con este enfoque ha sido expuesto por la teoría económica una y otra vez. El subsidio de un bien es la llave que abre la politización de ese bien. Si los ingresos del propietario de la institución educativa se encuentra solo en función de Numero de Estudiantes por Precio de Matricula, quitando el efecto de caída de la demanda cada vez que se aumenta el precio de un bien normal (Si el Estado paga, no hay barrera del precio para el estudiante, por ende, no lo considera al momento de ponderar sus decisiones), se creara un poderoso incentivo para aumentar cada vez el precio de esa factura, aumentando desembolso final gubernamental. Entonces, el Estado comienza a ponerse creativo en las mejores maneras para ejercer un mayor control sobre el precio de esa Matricula, buscando inmiscuirse en cuestiones como el porcentaje “justo” de ganancia, las estructuras de costos, etc. Cuestiones que en una situación de libre mercado el Estado no tendría ninguna influencia directa. Es precisamente allí, cuando se cruza esa línea, que la calidad de las Instituciones Educativas comienza a decaer, porque el enfoque de la Junta Directiva de la institución cambia, y va desde competir en base a precios y calidad de servicios por la masa de estudiantes disponibles (competir por el cliente), a imaginar nuevas maneras de sustraer más dinero al Estado (competir por el subsidio), y como el Dinero del Estado a su vez compite con cientos de partidas y presupuestos diferentes, siempre es escaso, quedando como única opción de viabilidad económica bajar la inversión (Infraestructura, Formación Profesoral, apertura de nuevas cátedras, Investigación) , un espiral del cual es muy difícil salir una vez que se está bajando.
